Señor presidente, usted sí es responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa

En México, los municipios gozan de cierta autonomía. Una autonomía que no les convierte en entidades independientes de la Federación. Su administración está sujeta a los mismos principios que el resto del país y el Estado Mexicano en su conjunto tiene la obligación de velar por los Derechos Humanos en su territorio. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre, no es sólo responsabilidad del alcalde en turno. No lo es, primero, por la estructura del país y, después, por las particularidades de la situación.

Según Human Rights Watch, México está viviendo la peor crisis de Derechos Humanos desde 1968. Aunque sea importante que una organización de esta talla nos lo diga, la aseveración parece descontextualizada. La crisis de entonces no parece estar del todo desconectada de la actual. Hasta parece que se trata de la misma que, a través de los años y de los gobiernos, no ha llegado a terminar. Ni los acontecimientos que tuvieron lugar entonces (68) ni los que han seguido ocurriendo (Acteal, feminicidios, víctimas “colaterales” de la “guerra contra el narcotráfico”) han sido esclarecidos. Tampoco se han juzgado a sus responsables, entre los cuales hay muchos actores del Estado .

Esta crisis (sea otra o sea la misma) no funciona como un ciclón o un huracán. No llega sin deberla ni temerla. Es el resultado de un montón de decisiones estúpidas, malos gobiernos y políticas mal logradas. Tiene sus responsables, que deliberadamente o por ignorancia han colocado al país en la situación tan grave en la que está. No nos faltan sólo 43 estudiantes. Son más de 25,000 las personas que han desaparecido en los últimos años. No son sólo crímenes inconexos del Estado y no son sólo actores estatales “de bajo calibre” los que están involucrados.

Peña Nieto es responsable de la desaparición de los estudiantes, aunque sus compas de Televisa digan lo contrario. El Estado Mexicano, a quien representa el Presidente, tiene cuatro obligaciones con respecto a los Derechos Humanos. Éstas son las de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos a la vida, a la seguridad personal y al acceso a la justicia, entre otros. Hay tres formas de violar estos derechos: por omisión, por acción y por aquiescencia. Lo que el Estado hizo primero fue (en forma de cuerpos policiacos) violar los derechos a la vida y a la seguridad personal de los 43 estudiantes y de las personas fallecidas en el suceso. Eso no es responsabilidad de un grupo de ciudadanos ajenos al poder, sino de los representantes de la autoridad.

Por otro lado, y de una forma aún más directa, se presume que José Luis Abarca (ex-alcalde del municipio de Iguala en Guerrero) tenía nexos con un grupo criminal. Él habría sido el autor intelectual de la desaparición forzada, en complicidad con la organización delictiva Guerreros Unidos. La cuestión es que este nexo no acaba de ser descubierto. René Bejarano lo habría denunciado meses atrás ante la Procuraduría General de la República (PGR). Ésta no actuó sino hasta ocurridos los hechos en contra de los 43 estudiantes. ¿Y de quién creen que depende la PGR? Pues del Poder Ejecutivo. Del que recae en Peña.

El remate llegó cuando José Luis Abarca pidió licencia para estar fuera de su cargo y los gobiernos local y federal lo dejaron ir sin tomar ninguna medida preventiva relacionada con su posible responsabilidad. Esto en un contexto en el que cientos de personas son puestas diariamente en prisión preventiva por mucho menos. En efecto, exigir que se haga uso de la figura de prisión preventiva atenta contra los DDHH; pero sigue estando en la Constitución y en los protocolos de actuación de las procuradurías para la administración de la justicia. Es una herramienta que por protocolo debió haber sido usada y que no se utilizó; a pesar de que el Artículo 16 Constitucional establece expresamente el uso de esta figura para crímenes considerados graves. Y una masacre por supuesto que lo es

Los medios hegemónicos están fabricando un delito, un acto violento perpetuado por terceros. Pero esto se trata de algo más grave, es un crimen de Estado. Es el resultado de una cadena de violaciones a nuestros Derechos Humanos. Es el reflejo del cúmulo de mierda en el que estamos sumergidos hasta las narices.

¡Pero qué clase de Estado fallido es éste! Presidente, usted es responsable de la desaparición de los 43 estudiantes. Sobre todo por omisión.

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David Ledesma Feregrino

Escritor en formación. Editor en Homozapping. Formó parte de la XIV promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Escribe ajeno. La más señora de todas las putas.