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Seguridad Social en el IMSS: Un derecho selectivo

                                                        imss

Empezaba a correr el año 2007 y la bancada del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal advertía que interpondría un recurso de inconstitucionalidad ante la reciente aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia. Ésta permitiría la unión civil entre personas del mismo género, una vez entrada en vigor. Pero antes de que el D.F. se convirtiera en la primera entidad en legalizar las uniones lésbicas y homosexuales en México, el Congreso del Estado de Coahuila modificó el marco jurídico estatal y efectuó primero este reconocimiento. Se creo así el Pacto Civil de Solidaridad. Mediante una serie de reformas al Código Civil del Estado, se pretendió reconocer la unión entre dos personas sin distinción de identidad de género. Esto representó, en su momento, la legalización de las uniones homosexuales en dicha entidad. Sin embargo, estas reformas no trajeron consigo el acceso equitativo y no-discriminatorio a los derechos a formar una familia y a la seguridad social. En vez de eliminar las trabas que impedían contraer matrimonio a las parejas de homosexuales y lesbianas, se creó una figura jurídica distinta con menos derechos y menor reconocimiento de facto.

Se trata de otra demostración del sistema de dádivas y caridad que los gobiernos de México se han dado a la tarea de sostener. Lejos de situarle dentro de un plan progresista de desarrollo, las y los gobernantes (muchos más los que las) han entendido la solidaridad como un regalo que se le otorga a los grupos poblacionales que, dada su situación marginal, se hacen acreedores de la lastimita de las clases dominantes.

La situación de desprotección que las parejas lésbicas y homosexuales padecen se hace evidente mediante casos como el de Juana María Rosales Salazar y Valeria Niño Gómez. Juana y Valeria vivieron juntas durante 13 años, conformando una familia a la que se añadiría su hijo Ian. Después de 3 años de jubilación, Juana falleció el 16 de octubre como consecuencia del cáncer de mama que padecía. Antes de la muerte de Juana, ambas habían iniciado un proceso de validación familiar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ian está reconocido por el Estado sólo como hijo de Valeria, sin tener el apellido de Juana. Al haber sido Valeria la mamá gestante y no haber una figura con identidad de género masculina en la familia, el Estado ha entendido a Valeria como una madre soltera. El IMSS no reconoció a Valeria ni a su hijo como familiares de Juana, por lo que no tendrán pensión por viudez.

Acciones discriminatorias como ésta hacen notar que las figuras de excepción que las legisladoras crean para los grupos vulnerados sirven para poco más que para acallar las demandas de la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Ésta es una práctica común para el IMSS desde que existen dichas figuras o está reconocido el matrimonio igualitario en el D.F. Se han ignorado los derechos laborales de las personas lesbianas y homosexuales, como si éstas fueran menos sujetas de derecho dada su orientación sexual. A esto hay que añadirle, y hay que mencionarlo, que las personas lesbianas y homosexuales no están exentas de las obligaciones desprendidas de la seguridad social. Es decir, el cobro de las cuotas para acceder al IMSS no hace distinción por orientación sexual como sí lo hace el acceso a sus beneficios.

El caso de Juana y Valeria ha sido defendido y dado a conocer a la opinión pública por la activista y defensora de los Derechos Humanos Lol Kin Castañeda Badillo.

“Hemos contactado a Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila y a Sonia Villareal, Secretaria de las Mujeres para solicitar su inmediata atención para acompañar jurídicamente a esta pareja en la búsqueda del amparo ante el IMSS” mencionóLol Kin mediante un comunicado en su blog, publicado el 16 de octubre. Valeria y su defensa solicitaron que el Registro Civil haga reconocimiento de Juana como madre de Ian.

“Además exhortamos al Congreso del Estado de Coahuila a aprobar de manera inmediata la figura de matrimonio igualitario, es decir, entre dos personas, de forma tal que garanticen el mismo derecho bajo la figura de matrimonio, también a parejas de lesbianas y homosexuales” continúa Castañeda Badillo. Pero la situación va más allá de una única pareja. El acceso no equitativo a la seguridad social es algo que padecen constantemente distintas parejas lésbicas y homosexuales en Coahuila y en el país. “Falta aún que el IMSS modifique sus políticas discriminatorias e instruya a su personal a garantizar el derecho a registrar como beneficiaria a la persona que cubre los requisitos de cónyuge o concubinato. Este derecho no es una concesión que pidamos lesbianas y homosexuales, es un derecho adquirido por quienes trabajamos y cotizamos ante esa institución”  concluye la activista.

Dentro del mismo esquema de protección selectiva de los Derechos Humanos ha tenido lugar el caso de Luis y Jorge, acompañado por las organizaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. Ambas anunciaron, mediante un comunicado que el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Mérida ha admitido un amparo presentado por Luis en contra del IMSS. Éste último ha pretendido negarle la pensión de viudez.

Luis y Jorge fueron pareja durante 42 años, oficializando su unión ante el Estado en 2007. Su registro ocurrió en Saltillo, Coahuila, bajo la figura de Pacto Civil de Solidaridad. Tras fallecer Jorge, el 17 de junio, Luis solicitó la pensión de viudez que por derecho le pertenece. Su trámite se declaró improcedente, bajo el siguiente argumento: «Conforme al artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para efectos del Seguro Social, es beneficiario para el otorgamiento de una pensión de viudez, la esposa o la concubina respecto del asegurado o pensionado fallecido (…) dicho dispositivo legal considera en los supuestos de matrimonio y concubinato, invariablemente a personas de género distinto al del asegurado».

Estas prácticas excluyentes parecen seguir siendo una constante, pese a su falta de sustento y justificaciones. Sin embargo, la figura del amparo podría representar una esperanza para el caso de Luis. Lo cierto es que hacen falta más acciones encaminadas a evitar la permanencia de la discriminación en las instituciones mexicanas y, si estas no provienen del gobierno, habrá que empujarlas desde la sociedad civil. Esta vez tendrán que ser incluso más amplias y visibles, puesto que ni siquiera la existencia de jurisprudencia a niveles nacional e internacional (en favor de la protección a parejas del mismo género) ha llevado al IMSS o a las legislaturas a actuar en contra de la marginación de las personas homosexuales y lesbianas.

 @dave_lefer

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David Ledesma Feregrino

Escritor en formación. Editor en Homozapping. Formó parte de la XIV promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Escribe ajeno. La más señora de todas las putas.