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Promover la injusticia: la parcialidad de Human Rights Watch

Human Rights Watch ve la negativa del gobierno para renovar la licencia de transmisión de RCTV como una violación de los derechos civiles de los individuos privados, dueños de la estación. Aquí yace un problema fundamental que ilustra cómo el enfoque de la organización es incompatible con una alternativa socialista al capitalismo: al priorizar las libertades civiles y políticas, Human Rights Watch asegura que los ricos tengan los mismos derechos que los pobres, lo que suena racional y justo en la teoría, pero es gravemente problemático en la realidad.

Desde una perspectiva socialista, las ganancias financieras del rico resultan directamente de la explotación del pobre; en otras palabras, resultan de la violación de los derechos económicos y sociales del pobre. Por tanto, la defensa de los derechos civiles y políticos de una minoría, la de las élites, está inextricablemente relacionado con la violación de los derechos sociales y económicos de la mayoría pobre. En el caso de los ricos propietarios de RCTV, no sólo estaban entre las personas más ricas de Venezuela, sino que usaron el enormemente desproporcionado grado de influencia que tenían sobre la población al ser propietarios de una importante cadena de televisión para tratar de derribar el gobierno y preservar su estatus privilegiado.

En las naciones capitalistas, los propietarios adinerados de los medios privados tienen poca motivación para desafiar al gobierno que defiende su privilegio. Pero en una nación de inclinación socialista, tales propietarios utilizan sus vastos recursos mediáticos, no para informar a la población, sino para minar al gobierno a cada oportunidad. Éste ha sido el modus operandi de la mayoría de los medios privados venezolanos –un contexto que Human Rights Watch ignora de buena gana en su condena del gobierno de Chávez–. Incluso, el reporte de Human Rights Watch no tomó en cuenta la influencia de las poderosas fuerzas imperialistas extranjeras, asunto que fue revelado con la desclasificación de los documentos del Departamento de Estado de EU que demuestran que el gobierno estadounidense financió cuatro millones de dólares a periodistas y medios de comunicación antichavistas entre 2007 y 2009.

Human Rights Watch alega que las medidas enérgicas del gobierno en contra de RCTV son parte del patrón de comportamiento que socava el pluralismo de la cobertura mediática; un patrón que además, de acuerdo con el informe, “aumentó el número de canales de TV del gobierno de uno a seis”. Esta declaración de Human Rights Watch es insincera porque la mayoría de esos canales pertenecientes al Estado han sido puestos a la disposición de cooperativas de la comunidad, con el fin de ofrecerles un medio para transmitir sus perspectivas sobre lo que está pasando en el país. Uno de estos canales de televisión, Ávila TV, transmite contenido sobre género, homofobia y los derechos indígenas y afrovenezolanos.

Parece que Human Rights Watch sólo considera relevantes para el pluralismo mediático los derechos civiles individuales de los venezolanos adinerados y no los derechos sociales gozados por los venezolanos pobres, cuyas voces pueden ahora escucharse a través de los medios comunitarios. Al final, la priorización de Human Rights Watch de los derechos civiles y políticos significa que los derechos humanos de cualquiera no están igualmente protegidos; semejante manera de abordar los derechos humanos inevitablemente tiene las mismas consecuencias que el Estado de derecho en una democracia liberal: defiende un status quo injusto. Como Anatole France declaró en referencia a un Estado de derecho igualmente aplicable a todos, “la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”.

Human Rights Watch también acusa a Chávez y a sus “seguidores” en la Asamblea Nacional de “rellenar” la Suprema Corte con sus aliados. Pero la decisión de incrementar el número de lugares en la Suprema Corte en 2004 se tomó de acuerdo con la constitución del país, la cual fue ratificada por una abrumadora mayoría de votantes en un referéndum nacional. Además, Chávez cumplió dos períodos en el cargo, y como presidente tenía el derecho de elegir jueces de la Suprema Corte. De forma similar, es frecuente que presidentes de los Estados Unidos que han cumplido dos períodos elijan jueces de la Suprema Corte que reflejen sus posturas políticas, pero Human Rights Watch no los acusa de “rellenar” la Suprema Corte para obtener beneficios políticos.

Respecto al monitoreo de los derechos humanos en Venezuela, Human Rights Watch criticó al gobierno chavista por “impedir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitorara los conflictos relacionados con los derechos humanos al interior del país”. De nuevo Human Rights Watch ignora el contexto internacional más amplio. La Comisión es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha servido durante largo tiempo los intereses de EU en América Latina. Los Estados Unidos hicieron que se expulsara a Cuba de la OEA porque, como la resolución declaró, el socialismo “es incompatible con los principios y objetivos del sistema interamericano”.

No sorprende que Chávez, como el líder de una nación en transición al socialismo, viera la OEA como una herramienta del imperialismo de EU y no reconociera su legitimidad para juzgar una nación soberana, como lo es Venezuela. Ésta es la razón de que Venezuela retirara su membresía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión, y encabezara una alternativa a la OEA llamada la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 2010, con 33 naciones de la región como miembros.

El informe de Human Rights Watch continúa con una crítica al fallo de la Suprema Corte de Venezuela que restringe el financiamiento extranjero, en particular de los Estados Unidos y Europa, a las organizaciones no gubernamentales venezolanas. Una vez más, Human Rights Watch ignora gustosamente el contexto internacional en el que el gobierno de EU tiene una larga historia de financiar sólo aquellos sectores de la sociedad civil opuestas a los gobiernos que no le gustan. En años recientes, tales financiamientos fueron provistos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) a ONGs en Haití que se oponían al presidente Jean Bertrand Aristide, cuyo gobierno elegido democráticamente fue eventualmente derrocado por el ejército estadounidense en 2004.

Los Estados Unidos tienen historia similar de financiamiento a ONGs venezolanas, tales como Súmate, cuyo principal objetivo era quitar a Chávez del cargo. Los documentos desclasificados anteriormente mencionados del Departamento de Estado revelaron que Washington proveyó $40 millones para financiar grupos de oposición venezolanos entre 2007 y 2009. Tales acciones constituyen una descarada intervención en la política interna de naciones soberanas; una intervención que fue posible sólo gracias a la distribución desigual del poder político mundial, que provee a las naciones ricas de suficiente riqueza y poder como para intervenir en los asuntos internos de las naciones pobres bajo el pretexto de la ayuda.

El informe también criticó al gobierno chavista por expulsar del país a dos empleados de Human Rights Watch, quienes volaron desde los Estados Unidos para lanzar públicamente el documento de 2008, que constituía un ataque particularmente duro en contra de Venezuela. A su llegada al país, José Miguel Vivanco, el autor principal del informe y una de las dos personas expulsadas, declaró: “Hicimos el informe porque queríamos demostrarle al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie”.

Mientras Human Rights Watch estaba ocupada retratándose como víctima de represión, se evidenció la arrogancia de sus acciones. Una vez más se suponía que ciudadanos del sur global debían tolerar que los representantes de una institución con sede en una nación rica del norte global entraran a su país para emitir un juicio sobre su gobierno. El gobierno venezolano no fue el único en desacuerdo con el informe de Human Rights Watch: más de cien académicos a lo largo de las Américas, incluido Noam Chomsky, firmaron una carta que criticaba la descarada parcialidad de la censura a Venezuela en dicho informe. La carta declaraba que éste “ni siquiera alcanza los más mínimos estándares académicos, de imparcialidad, exactitud o credibilidad”.

Dado el énfasis de Human Rights Watch en los derechos civiles y políticos y su disposición a ignorar por completo los derechos sociales y económicos, no es sorprendente que un país de tendencia socialista como Venezuela perciba a dicha organización como alineada con los intereses del gobierno estadounidense, Wall Street y la América corporativa. Es este énfasis en los derechos civiles y políticos, subrayado por muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, que orilla a gente de izquierda, marxistas particularmente, a desacreditar el paradigma occidental de derechos humanos como un promotor de valores capitalistas y como una herramienta del imperialismo.

El informe de Human Rights Watch sobre Venezuela concluye declarando: “Con Chávez, el aliado más cercano de Venezuela fue Cuba, único país de América Latina que reprime de manera sistemática prácticamente cualquier forma de desacuerdo político. Chávez señaló a Fidel Castro –quien encabezó el represivo gobierno cubano hasta que su salud se deteriorara en 2006– como su modelo y mentor”. Claramente, Human Rights Watch intentó desacreditar a Chávez al ligarlo a Fidel Castro. Para lograrlo, tuvo que limitar una vez más su definición de derechos humanos a los civiles y políticos. Y, de nuevo, el grado de correlación entre el énfasis del gobierno estadounidense en los derechos civiles y políticos en Cuba y el mostrado por Human Rights Watch es sorprendente.

En ningún lugar de sus informes sobre Cuba Human Rights Watch reconoce los grandes logros del país en garantizar los derechos políticos y económicos. A pesar de haber sido sometida a un inhumano bloqueo económico de décadas por el gobierno de EU, Cuba ha logrado proveer educación y cuidado médico gratuitos a todos los ciudadanos, así como asegurar que las necesidades básicas de vivienda y alimentación se satisfagan; pero, como en el caso del análisis de Venezuela, Human Rights Watch ignora la provisión de estos derechos sociales y económicos.

Algunos pueden alegar que Human Rights Watch se enfoca principalmente en las violaciones a los derechos humanos y no en los logros en esta materia, y que ésta es la razón de que sus informes no reflejen los éxitos notables de Venezuela y Cuba al garantizar los derechos sociales y económicos. Sin embargo, tal argumento no se sostiene al analizar los informes de la organización sobre los Estados Unidos. En ningún lugar de éstos se acusa al gobierno estadounidense de exhibir “desconsideración abierta por las garantías de los derechos humanos básicos” debida a graves violaciones de los derechos sociales y económicos que resultan de no asegurar alimentación, vivienda y atención médica a toda la población.

De acuerdo con un estudio de 2009 publicado por investigadores de la Escuela Médica de Harvard, alrededor de 45,000 personas mueren anualmente en los Estados Unidos debido a la cobertura médica insuficiente. El estudio también señaló que la gente sin cobertura de salud tenía una posibilidad 40 % mayor de morir que aquellos con seguro médico. Mientras tanto, hay en los Estados Unidos más de medio millón de indigentes y, de acuerdo con la organización sin fines de lucro Feeding America, 17 millones de niños con hambre. El hecho de que Human Rights Watch ignore rutinariamente estas violaciones de los derechos económicos y sociales consagrados en la Declaración de la ONU resalta la parcialidad descarada de su enfoque.

En conclusión, los repetidos fracasos de Human Rights Watch al priorizar los derechos económicos, sociales y culturales a la par de los civiles y políticos, junto con su negativa a contextualizar los derechos humanos dentro de la enorme desigualdad y las estructuras de poder imperialistas que dominan la política mundial, ha resultado en que la organización se convierta en un defensor de los valores individualistas del capitalismo. Human Rights Watch se niega a reconocer que las formas en que un paradigma de derechos humanos enraizado en un concepto capitalista de éstos (i.e. derechos civiles y políticos), pueda no ser adecuado para los países que busquen una alternativa socialista en su lucha por liberarse de siglos de imperialismo. Después de todo, países como Venezuela y Cuba son forzados a existir en un contexto internacional en el cual la nación más poderosa de la tierra usa sus vastos recursos para debilitarlos, no en el nombre de la democracia y los derechos humanos, sino porque se atreven a desafiar la hegemonía de los Estados Unidos con modelos alternativos.

El punto aquí no es sugerir que Venezuela no viola los derechos humanos, lo cual obviamente hace, igual que cualquier gobierno; sino ilustrar cómo la parcialidad de Human Rights Watch distorsiona drásticamente la realidad de los derechos humanos en Venezuela, donde todos los ciudadanos gozan de los derechos sociales y económicos en un mayor grado que prácticamente cualquier otro en el planeta. Además, a pesar de la parcialidad hacia los derechos civiles y políticos, Human Rights Watch ni siquiera reconoce los amplios derechos políticos de que gozan los venezolanos a través de la democracia, en la forma de referéndums nacionales en los cuales la gente vota propuestas gubernamentales mayores –e incluso de la oposición, como en el convocado en 2004– y la democracia participativa resultante del compromiso de la gente con los consejos comunales y las misiones sociales. Parece que Human Rights Watch define de forma estrecha los derechos políticos como sólo aquellas actividades relacionadas al funcionamiento de una democracia representativa formal, i.e. votar y postularse para un cargo.

Sólo ignorando insensiblemente los derechos sociales y económicos, y con una estrecha definición de derechos políticos, Human Rights Watch puede catalogar a Chávez como autoritario y acusar a su gobierno de exhibir una “desconsideración abierta por las garantías de los derechos humanos básicos”. En la actualidad, la concentración del gobierno chavista en los derechos sociales y económicos ha resultado en el surgimiento de una próspera democracia en Venezuela, enraizada en los conceptos de participación e igualdad –en otras palabras, una visión socialista de los derechos civiles y políticos–. Finalmente, la aplicación selectiva y parcial de las normas de los derechos humanos consagradas en la Declaración de la ONU de parte de Human Rights Watch no sólo debilita su credibilidad, también promueve la injusticia.Iconofinaltexto copy

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Garry Leech

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