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Promover la injusticia: la parcialidad de Human Rights Watch

Aún aquellos que dicen proteger los derechos humanos tienen intereses.

Traducción: José Luis Álvarez

Durante los últimos treinta años, Human Rights Watch se ha convertido en una de las organizaciones no gubernamentales más reconocidas en el mundo por su promoción global de los derechos humanos. Pero, a pesar de su pretensión de ser un defensor de la ley internacional de los derechos humanos, sus reportes han mostrado una preferencia por ciertos derechos, dejando a un lado otros. De forma más precisa, en repetidas ocasiones se concentra en los derechos políticos y civiles mientras que ignora los sociales y económicos. El resultado es un juicio rutinario a las naciones de todo el mundo de una manera que promueve los valores capitalistas y desacredita a los gobiernos en búsqueda de alternativas socialistas. Es esta preferencia la que se encuentra en la raíz de los ataques mordaces de Human Rights Watch a Venezuela, a quien el director ejecutivo de la organización, Ken Roth, llamó “la nación más abusiva” de América Latina.

Según dice su misión, “Human Rights Watch está dedicada a proteger los derechos humanos de la gente alrededor del mundo” y para alcanzar dicho objetivo, “desafiamos a los gobiernos y a quienes tienen el poder para terminar con prácticas abusivas y respetar la ley internacional de derechos humanos”. La ley referida por Human Rights Watch está enraizada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. La declaración abarca derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.

Los países capitalistas, particularmente los Estados Unidos, nunca han estado cómodos con los artículos de la Declaración de la ONU que velan porque los gobiernos garanticen los derechos sociales y económicos de sus ciudadanos. Entre los derechos que contravienen los valores capitalistas individualistas está el derecho colectivo a “comida, vestido, vivienda, cuidado médico y servicios sociales necesarios” (Artículo 25) así como el derecho “a compartir el progreso científico y sus beneficios” (Artículo 27). En una sociedad capitalista la responsabilidad de obtener comida, vestido, vivienda y cuidado médico descansa en el individuo, no en el Estado. Similarmente, no es responsabilidad del Estado asegurar que todos los ciudadanos compartan igualitariamente de los beneficios de los avances científicos producidos por, por ejemplo, las corporaciones farmacéuticas.

En cambio, los Estados Unidos apoyan aquellos artículos de la Declaración que promueven los derechos civiles y políticos. Estos derechos aseguran que “Todos son iguales ante la ley y están intitulados sin ninguna discriminación a igual protección de la ley” (Artículo 7) “Todos tienen el derecho de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” (Artículo 17); y “Todos tienen el derecho de libertad de opinión y expresión” (Artículo 19). Prácticamente, son éstos los derechos individuales consagrados por la Constitución de Estados Unidos, y se hayan en la raíz del concepto democrático y liberal del “estado de derecho”. Mientras Human Rights Watch profesa defender las leyes internacionales de los derechos humanos basados en aquellos consagrados por la Declaración de la ONU, en realidad su trabajo se concentra exclusivamente en los derechos civiles y políticos reconocidos por el gobierno de EU.

Un vívido ejemplo de la parcialidad en contra de los derechos económicos y sociales de Human Rights Watch es el informe que la organización publicó inmediatamente después de la muerte del presidente de Venezuela Hugo Chávez. La organización tuvo una larga y antagonística relación con el líder venezolano, a quien se mencionó en el documento. Éste reflejaba claramente la visión del director ejecutivo Ken Roth, quien en 2012 declaró que Venezuela (junto a Bolivia y Ecuador) es “la nación más abusiva” de América Latina. Basta con dar un vistazo a los informes de Human Rights Watch sobre Colombia para darse cuenta de lo ridículo de tal declaración.

El informe titulado Venezuela: el legado autoritario de Chávez contiene una letanía de violaciones a los derechos políticos y civiles y ni una sola mención a los impresionantes logros del país en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El reporte inicia declarando que la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) “se caracterizó por una drástica concentración de poder y una abierta indiferencia por las garantías de los derechos humanos básicos”. Esto último implica una despreocupación por todos los derechos humanos, pero el informe continúa enfocándose solamente en los asuntos relacionados con los derechos civiles y políticos. Si el gobierno de Chávez hubiera desatendido de verdad todos los derechos humanos básicos, como sugiere Human Rights Watch, cómo puede explicarse el notable éxito que tuvo el país en asegurar que todos los ciudadanos recibieran alimentación y vivienda adecuada, así como como cuidado médico y educación gratuitos, garantías todas de los derechos económicos y sociales.

Venezuela no sólo provee educación gratuita –incluido el nivel universitario, donde los estudiantes pueden aprender las diversas lenguas indígenas del país–, sino que sus programas, de acuerdo con la UNESCO, se han traducido en un país “libre de analfabetismo” que además ha duplicado su matrícula post-secundaria respecto a los de la década pasada. En relación con el derecho básico a la alimentación, un informe reciente emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) declaró: “Analizamos las estadísticas de hambre alrededor del mundo. Hay 800 millones de personas en el mundo que la sufren, 49 millones en América Latina y el Caribe, pero ni uno de ellos es venezolano”. Quizás el logro más impresionante del gobierno en relación con los derechos sociales y económicos ha sido la sorprendente reducción del número de venezolanos que viven en la pobreza: del 55% de la población cuando Chávez fue elegido presidente por primera vez en 1998 a 18% en 2011.

Estos logros provienen de proyectos llamados misiones, financiados por el Estado, que se han ideado, puesto en marcha y evaluados a nivel comunitario por más de 16,000 consejos comunales, en lo que constituye un ejemplo impresionante de democracia participativa. Pero Human Rights Watch no hace ni una sola referencia a ninguno de estos logros en materia de derechos sociales y económicos ni a los derechos políticos disfrutados por los millones de ciudadanos que participan en los consejos comunales. Estos ejemplos contradicen la declaración de Human Rights Watch sobre el Gobierno de Chávez que, apunta la organización, “se caracterizó por una dramática concentración de poder y una desconsideración abierta por las garantías de los derechos humanos básicos”.

Venezuela está lejos de ser perfecta y, como es el caso en todas las demás naciones, las violaciones a los derechos humanos ocurren. Sin embargo, que Human Rights Watch decida resaltar un puñado de casos relacionados solamente con los derechos civiles y políticos implica un abuso extendido a los derechos humanos, perpetrado en contra de la población. Este acercamiento obscurece el hecho de que la abrumadora mayoría de los venezolanos gozan ahora, por primera vez, de derechos económicos, sociales y culturales en un grado que pocos ciudadanos en el mundo han podido experimentar.

Human Rights Watch no sólo se concentra únicamente en los derechos civiles y políticos, sino que aborda los derechos humanos bajo la perspectiva de que todas las cosas son iguales en todas partes del mundo. En otras palabras, no da cuenta de las dinámicas extremadamente desiguales del poder en una sociedad internacional dominada por las naciones ricas e imperialistas del norte global. Entre las violaciones alegadas a los derechos civiles y políticos en Venezuela en el informe de Human Rights Watch hay asuntos relacionados con la persecución de adversarios políticos, la libertad de prensa, la independencia judicial y el escrutinio de los derechos humanos.

Uno de los casos que Human Rights Watch destaca para ilustrar la persecución política por parte del gobierno chavista es el de Osvaldo Álvarez Paz. En marzo de 2010, Álvarez Paz fue arrestado por las declaraciones hechas durante una entrevista en una de las redes privadas de televisión más grandes del país. Como Human Rights Watch hizo notar, Álvarez Paz declaró que “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el tráfico de drogas” y acusó a Chávez de “ser un elemento subversivo” y de “tener vínculos directos con las FARC y la ETA [grupos considerados terroristas por gran parte de la comunidad internacional]”. Álvarez Paz fue acusado de conspiración, difusión de información falsa e incitación pública a violar la ley.

Aunque existen preocupaciones legítimas relacionadas con el arresto de Álvarez Paz, el retrato sesgado de la situación de Human Rights Watch ignoró el contexto más amplio al no mencionar que Álvarez Paz hizo claras sus intenciones a todos un par de meses después de la entrevista televisiva en una columna para El Nacional, uno de los diarios más grandes de Venezuela. En su op-ed, Álvarez Paz llamó a expulsar al gobierno chavista cuanto antes, enfatizando la necesidad de “tener claro el objetivo indispensable. Sustituir al régimen actual en el menor tiempo y con el menor trauma posibles”. Fue precisamente esta clase de retórica incendiaria, diseminada a través de medios privados pertenecientes a las élites, la que desempeñó un papel instrumental en el golpe de estado que derrocó temporalmente a Chávez en abril de 2002.

La representación de Human Rights Watch del caso de Álvarez Paz sugiere que había poca tolerancia gubernamental para las críticas de oponentes políticos de alto perfil. Convenientemente, el informe omitió que los candidatos a la presidencia de la oposición Manuel Rosales (2006) y Henrique Capriles (2012) en numerosas ocasiones verbalizaron duras críticas a Chávez durante sus campañas electorales sin encarar ninguna repercusión. Más aún, en referencia a la justicia de dichas elecciones, Jimmy Carter mencionó el año pasado que, de las 92 elecciones que el Centro Carter ha monitorado alrededor del mundo, “yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”. Human Rights Watch tampoco tomó en cuenta que la oposición usó la misma constitución en contra de Chávez al organizar un referéndum revocatorio en 2004, y nadie fue perseguido; y que en todos estos casos la mayoría de los medios de comunicación privados, tanto impresos como televisivos, apoyaron abiertamente a la oposición.

Sin embargo, Human Rights Watch también acusó al gobierno chavista de restringir la libertad de prensa. El informe de la organización resalta el caso del canal privado de televisión RCTV, cuya licencia el gobierno rechazó renovar. Pero Human Rights Watch no mencionó que RCTV estuvo envuelta, de forma directa, en el golpe militar que derrocó temporalmente a Chávez en 2002, y que este acto de subversión fue la razón de que la licencia de emisión del canal no fuera renovada. Más aún, es evidente a cualquiera que haya pasado algún tiempo en Venezuela que no hay ningún otro gobierno en el mundo que soporte las intensas críticas –y la calumnia descarada– que rutinariamente emana de los medios privados en Venezuela.

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Garry Leech

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