El Estado Mexicano contra Greenpeace

Rosina lleva más de cinco años trabajando por la reivindicación del derecho al medio ambiente sano. Ya sea colaborando en la conservación de las tortugas marinas en el Caribe mexicano o apoyando a las víctimas del huracán Sandy en New York, su activismo ha sido incansable. Rosina es actualmente parte de Greenpeace, organización que, en nuestro país, se ha dedicado a presionar al gobierno federal para que cumpla con su obligación de proteger el maíz y de buscar la transición hacia el uso de energías renovables. El 1° de marzo, Rosina y un equipo de activistas de la organización escalaron la torre de PEMEX en el puerto de Veracruz, desplegando una inmensa imagen de protesta en contra de la política petrolera del Ejecutivo Federal. Acababa de salir el chistecito de portada de la revista Time en la que Peña se vanagloriaba de ser el caudillo que México esperaba para alcanzar la salvación. Los activistas aprovecharon la ironía involuntaria de la imagen para mostrarlo desde una perspectiva más realista: bañado en el petróleo en el que está fincando su más reciente negocio multimillonario.

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Por supuesto que, ante una cosa así, los representantes de la autoridad no iban a quedarse tan tranquilos. Tan pronto culminó la protesta los activistas fueron detenidos y privados ilegalmente de su libertad por 28 horas. No había orden de aprehensión, no había flagrancia de nada. Para que este procedimiento pudiera haber iniciado tendría que haber existido una denuncia puesto que no se les imputaba ningún delito que se persiguiera de oficio. Rosina y sus compañeros fueron trasladados a la sede de la Procuraduría General de la República en Veracruz sin mucha explicaciónya ven que para eso de realizar detenciones ilegales e inventar cargos a lo güey, los polis mexicanos se pintan solos.

Veracruz no pierde y cuando de gobiernos priístas se trata, el pueblo es el que siempre queda a debery más si es el pueblo sublevado. Los seis activistas fueron liberados la madrugada del lunes 3 de marzo, no sin antes pagar una fianza de cien mil pesos. Muy al estilo del caso Yakiri, las víctimas del sistema de justicia son empujadas a pagar para que se respeten sus libertades como si se tratara de un favor, como si no fuera obligación del Estado. Con respecto a los cargos de allanamiento de morada y daños, Greenpeace solicitó un amparo a nivel federal que impida que los activistas sean aprehendidos nuevamente. Durante la detención, como era de esperarse dadas las condiciones del país, los activistas padecieron otras violaciones a sus Derechos Humanos, además de la privación ilegal de su libertad.

Rosina y sus compañeros se encuentran hoy nuevamente en libertad pero PEMEX amenaza con arremeter nuevamente en su contra. La paraestatal denunció ante la PGR a Rosina por daños en propiedad ajena y allanamiento de morada. ¿La morada de quién? ¿Qué no se trataba de un edificio público? La denuncia podría concluir en una pena de entre 4 y 10 años de prisión para Rosina, quien habría— según la denuncia, efectuada horas después de la detención ilegal dañado un reflector valuado en 78 mil pesos.

La organización enfrenta una embestida nunca antes vista por parte del Estado Mexicano y la activista se encuentra en riesgo de perder su libertad. Para confrontar esta situación, Greenpeace ha iniciado una campaña mediática que pretende presionar a PEMEX para que retire los cargos en contra de Rosina.

Éste no es el primer ataque por parte de un Estado represor y  autoritario que Greenpeace ha tenido que encarar. El 19 de septiembre del año pasado el gobierno ruso detuvo a 30 activistas que intentaron abordar una plataforma petrolera en el Mar de Pechora para protestar en contra de la perforación petrolera en el Ártico. Los activistas fueron sometidos a tratos inhumanos y acusados de piratería. Para sustentar las acusaciones, el gobierno ruso hasta se inventó que el barco en el que llegaron los activistas traía una bomba a bordo. El objeto en realidad no era más que una cápsula de seguridad pintada de colores y con el logotipo de Greenpeace. Aunque los activistas fueron liberados después de dos meses de prisión preventiva el discurso del gobierno no cambió; Vladimir Putin declaró que el encarcelamiento de los miembros de la organización debería servir como una lección.

Los ataques en contra de activistas en favor del medio ambiente no han sido pocos en los últimos años. Entre los casos más icónicos, por ser una clara muestra de la desprotección que sufren los defensores de Derechos Humanos en el mundo, tenemos el del escritor Ken Saro-Wiwa. En 1995 el artista nigeriano fue ejecutado como represalia a sus denuncias sobre las actividades genocidas y ecocidas de la compañía Shell en la delta del Níger. Tan sólo en México, más de 44 defensores de los bosques fueron asesinados de 2005 a 2013.

Hace unos días el Estado Mexicano rindió cuentas en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Se las dieron de muy progres y de estar con todo para la protección de periodistas y defensores. Es el momento de mostrar que el compromiso con la seguridad de nuestros activistas significa algo más que un montoncito de firmas desperdigadas en tratados. Rosina no puede pasar 10 años en la cárcel por haber roto un foco y mucho menos por haberle causado un entripado a un presidentito vanidoso y autoritario.

 @dave_lefer

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David Ledesma Feregrino

Escritor en formación. Editor en Homozapping. Formó parte de la XIV promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Escribe ajeno. La más señora de todas las putas.