Drogas y lógica estatal

 

En nuestro sistema económico, el Estado deja que cada quien se rasque con sus propias uñas… Excepto cuando se trata de drogas. Ahí sí no.

Drogas y estado

When a Man Lies He Murders
Some Part of the World
These Are the Pale Deaths Which
Men Miscall Their Lives
All this I Cannot Bear
to Witness Any Longer
Cannot the Kingdom of Salvation
Take Me Home
Cliff Burton

Éste escrito no tendrá como centro ninguna otra posición ideológica, analítica o política que aquella desprendida de simples razonamientos basados en principios jurídicos, lógicos y filosóficos. No me interesa presentar un escrito académico. Este texto va dirigido a un lector que habite en el día a día, en el afuera del mundo de la intelectualidad, sea éste real o pretendido. Tómese más bien como una gigante nota aclaratoria, crítica, al pie de página, cuyo objetivo fuera responder a las preguntas: ¿qué legitima la penalización por parte del Estado –en nuestro caso el mexicano– del consumo y producción de drogas? ¿Cuál es la congruencia interna de ese discurso? ¿Y cuál la que tiene con las políticas adoptadas por el Estado mexicano en un escenario de realidad ideal (con referencia a un factor externo)? Así pues, aclaro de antemano que mi objeto de análisis va a incluir un Estado de honestidad ideal, entendiendo por ello aquel cuyo decir es completamente congruente con su actuar, entrecruzado con la espacialidad mexicana y la temporalidad actual. Este Estado ideal se toma como no corrupto. No –para el caso en concreto– aliado al narco. Puro en sus intereses. Un Estado utópico cuyos integrantes operan en perfectas condiciones éticas. De esta forma, si se demostrara que inclusive bajo condiciones de idealidad la penalización del consumo y producción de drogas resultara contradictorio con el discurso del Estado, lo que se puede esperar en una “realidad real”, discúlpese el ridículo pleonasmo, caerá por su propio peso. Paralelamente y por mi parte, no caeré en ninguna discusión bizantina con respecto a lo dañinas o inocuas que son las drogas y concederé –sea cierto o no– que todas (usando la expresión recurrentemente presentada por quienes dicen combatir el consumo de drogas) destruyen al consumidor, pues así me lo dicen los cortes comerciales pagados con las contribuciones del pueblo mexicano, y yo, por vivir en un Estado ideal, me veré obligado a creerles al menos al principio de este texto.

Contestar las preguntas anteriores, sin más, sería como lanzarse de un risco hacia el mar sin conocer la profundidad de sus aguas. Así que comenzaré cautelosamente partiendo de algunas definiciones. Cualquier bachiller o estudiante de licenciatura sabe casi como credo que el Estado es el conjunto de población territorio y gobierno; que el Estado tiene leyes que regulan la conducta de los integrantes del pueblo, e instituciones que las promulgan al mismo tiempo que vigilan su aplicación y sancionan a los infractores. El Estado se crea artificialmente por acuerdo de todos aquellos detentadores de voluntades libres que aunada e históricamente habiten un territorio sobre el cual ningún otro pueblo se arrogue un derecho de posesión. El acuerdo se da en algún momento determinado del pasado. Se conoce como contrato o pacto social y tiene la finalidad de crear mecanismos que fomenten la supervivencia del pueblo en su conjunto y de las personas que lo conforman en lo individual. Literalmente, teoría del Estado de preparatoria, bonita y aceptada. Al menos así es como nos vemos todos adoctrinados en algún momento de la existencia. Bajo una lógica simplista es natural que todo resulte simple. Un poco al estilo de los anuncios que hoy en día publicitan justamente las acciones del Estado mexicano y que nos explican el porqué de las reformas hacendarias, por ejemplo, y en cuyo colofón se escucha –tras la ilustración y justificación de las modificaciones a las leyes– frases como: “pues, sí” o “gracias, jefe, ahora sí ya entendí”.

Como sea, quiero creer por el momento que el Estado existe para garantizar nuestra supervivencia en condiciones dignas. ¿Por qué, si no, tendríamos que encontrarnos sujetos a determinaciones externas y que no provienen de nosotros sino únicamente de manera indirecta mediante nuestros representantes? En este sentido, Hobbes propuso en 1651 el fomento a la vida digna como justificación al derecho del Estado para, por un lado, dictar límites a las conductas del pueblo y sus integrantes –ya como comunidades, ya como individuos– y la obligación de éstos a no actuar, para concordar con estas limitaciones (por medio de leyes de las cuales diré tienen un sentido negativo, pues restringen); y por otro, el derecho del Estado para señalar acciones a ser realizadas por el pueblo y la obligación de éste a realizarlas (por medio de leyes en sentido positivo, pues exigen acción)[1]. Algo ha salido mal, parece ser, pues han pasado ya más de 355 años de Estado moderno (tranquilícese, amigo lector y sea paciente, afortunadamente ‘sólo’ han transcurrido 200 en el caso del Estado mexicano) y no se ha conseguido que la totalidad del pueblo viva dignamente. El problema, claro está, nada tiene que ver con la honestidad y las intenciones de los gobernantes. Recuérdese: vivimos en un Estado ideal. ¿No me cree? Pregúnteles a quienes nos gobiernan si son deshonestos. Verá que la respuesta es: no. Pregúnteles si su motor al gobernar es lograr la vida digna de la totalidad del pueblo. Verá que la respuesta es sí.

El problema real, cuando no es culpa del pueblo mismo por no obedecer seria y ciegamente leyes tan bien hechas, o –ya nos lo han hecho saber–es que en esos últimos dos siglos se han errado los medios para conseguirlo: si bien el Estado es completamente necesario, no era por medio del control total de la vida ciudadana y concentración del poder, como se creyó tontamente en los tiempos del Estado absolutista o en los modelos, así les llaman, comunistas, afortunadamente para el mundo ya extintos ambos, que la meta se iba a alcanzar. Tampoco lo era por medio del Estado proteccionista/populista, modelo que, ya se nos dijo hasta el cansancio, es un peligro para México: trata al pueblo como si careciera de uso de razón y capacidad para responsabilizarse de sí mismo, volviéndolo comodino y flojo. No. La solución –aplausos por favor– es el liberalismo (si percibe en su persona un espasmo real que contradice la teoría, tranquilícese y repita: “no tengo hambre, apenas hace 20 años de cambio de modelo económico con la entrada de México al GATT”[2]). Esto es, un sistema en el que el poder y control del Estado se adelgaza y permite a los particulares responsabilizarse de su vida, acciones, economía y supervivencia. El particular es responsable de sí mismo. Maduro y consciente como es, puede ahora participar en la vida política, económica y social del país rascándose con sus propias uñas. Su supervivencia le pertenece. Esto, se afirma, no sólo es eficiente y justo, sino la encarnación de la democracia misma: la participación directa de los particulares en los asuntos que se consideraba sólo concernían al Estado. Así, todo aquello que se haya probado como habiendo rebasado las capacidades del Estado de dirección, organización y control tiene que pasar a manos de los particulares con toda confianza pues cuando de supervivencia se trata sólo un loco atentaría contra sí mismo. ¿No puede el Estado prestar servicios públicos eficientemente como las telecomunicaciones, las vías de comunicación (carreteras y caminos), bancos, etcétera? Privaticen. ¿No ha podido el Estado dar educación al pueblo? Concesionen la educación. ¿No ha podido el Estado dar servicios de salud eficientes? Llamen a los particulares.

The following two tabs change content below.

Lutz Alexander Keferstein Caballero

Artículos recientes por Lutz Alexander Keferstein Caballero (see all)