La Reforma Energética: ¿qué es lo que propone?

Fue hasta finales del siglo XIX que varias compañías extranjeras comenzaron a extraer y refinar pequeñas cantidades de petróleo en el área de Tampico. Para 1917, la nueva constitución mexicana estableció que los recursos naturales son propiedad del Estado y solamente pueden ser explotados bajo concesión del gobierno. Bajo este nuevo marco jurídico, las empresas que extraían este recurso tenían que rendir cuentas al Estado, pero dadas las condiciones posteriores a la revolución, éstas aprovecharon la falta de atención de las autoridades para explotar los recursos y los trabajadores a sus anchas. Durante 1924 se dieron varios intentos de huelga por parte de los trabajadores de distintas petroleras, los cuales fueron reprimidos por el ejército. Para 1935 ya se había formado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual fue el principio para la expropiación petrolera que en 1936 el presidente Lázaro Cárdenas del Río pondría en vigor. Ésta fue efectiva el 18 de Marzo de 1938, retirando todas las concesiones a las empresas que explotaban los recursos petroleros hasta ese momento, dejando todo en manos del Estado Mexicano.

Para estos fines se creó Petromex, empresa paraestatal que actualmente lleva el nombre de Pemex. De la misma forma que los recursos petroleros y las empresas que los explotaban fueron expropiados, la generación de electricidad también fue considerada un asunto de seguridad nacional, expropiando así todas las plantas de generación eléctrica en la misma época, dando pie a la creación de la Comisión Federal de Electricidad. A partir de estos movimientos, la extracción, refinación distribución, procesamiento y venta de productos del petróleo y la generación eléctrica quedaron en manos de estas dos empresas propiedad del gobierno mexicano.

Durante las décadas siguientes se descubrió que México contaba con amplísimas reservas petroleras, las cuales se han explotado sin reparo, y, dado que Pemex es propiedad del Estado, las ganancias obtenidas por la venta de estos recursos han financiado gran parte de los gastos del gobierno durante más de 50 años. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, diversas reformas hechas desde 1992 permiten a la iniciativa privada generar electricidad y vendérsela a la paraestatal, en formas limitadas, y con tarifas poco rentables; más no les permiten el desarrollo de infraestructura ni la venta de energía directa a particulares.

Actualmente, la infraestructura de extracción, refinación y distribución de hidrocarburos se estima insuficiente. En cuanto a la energía eléctrica, la red de distribución se considera atrasada y CFE se encuentra en déficit desde hace más de una década; la tercera parte de la energía eléctrica generada es por parte de particulares.

La propuesta

Dado el marco establecido, la propuesta de reforma presentada ayer por EPN dice, en resumen, lo siguiente:

  • La exploración y el desarrollo de tecnologías para la explotación de los recursos petroleros podrá ponerse a cargo de empresas privadas que cuenten con los recursos necesarios para estas investigaciones.
  • La extracción de hidrocarburos podrá ser realizada por empresas privadas, bajo concesión de Pemex. El recurso extraído será propiedad del estado, y a la empresa privada se le podrá pagar con dinero, o con un porcentaje de la extracción.
  • La refinación seguirá a cargo del Estado, pudiendo este utilizar instalaciones propiedad de empresas privadas o contratando sus servicios, remunerando a los poseedores de las mismas o prestadores del servicio ya sea con dinero, o con un porcentaje de la extracción.
  • La distribución seguirá siendo regulada por el Estado, utilizando la infraestructura actual (oleoductos, gasoductos, carros tanque y vagones tanque), y la expansión de esta red será bajo la autoridad de Pemex, pudiendo ser realizada por empresas privadas. Se podrán utilizar medios de distribución propiedad de empresas privadas.

Respecto a la generación y distribución de energía eléctrica:

  • La planeación de la renovación y expansión de la Red Nacional de Transmisión y distribución será dictada por un organismo gubernamental independiente, pudiendo esta ser realizada por la iniciativa privada. La finalidad de esto es garantizar el acceso a la energía eléctrica al 100% de la población.
  • Cualquier generador de energía eléctrica podrá conectarse a la red de distribución mientras haya demanda para la misma, creando un mercado abierto, despachando los recursos más baratos primero. El sistema de distribución seguirá bajo control del Estado, garantizando así el abastecimiento de energía a nivel nacional.
  • Se apoyará la generación por medio de fuentes de energía renovables, buscando la reducción de emisiones de las tecnologías actuales, e impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías.

Si te interesa informarte más a detalle sobre los contenidos de esta propuesta, te invitamos al Foro sobre la Reforma Energética con la presencia de Claudia Sheinbaum, Manuel Bartlett y Armando Bartra, el próximo miércoles en el Aula Magna en el anexo de la Facultad de Economía, en CU.

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